El anteproyecto de ley con el que el Gobierno pretende modificar la actual Lomce, aprobada por los populares en 2013, promete. Es un clásico que nadie haga un esfuerzo por realizar un pacto de Estado para resolver la politización de las escuelas.

La actual ministra de Educación, Isabel Celaá, ha presentado el anteproyecto, de que se desprende, en primer lugar, la eliminación del artículo 109.2 la expresión «demanda social», que permitía aprobar la concertación de colegios para cubrirla.

Otro apartado controvertido se refiere a la constitución del consejo escolar de los centros concertados. En él se menciona, entre otros, a un «concejal o representante del Ayuntamiento», que la Lomce suprimió y se vuelve a incluir. Segundos la representante de las Escuelas católicas: «Esto significa poner a un comisario político».

En cuanto a la Religión, la ley hace dos cosas. En primer lugar, la deja fuera de las asignaturas de Primaria, ESO y Bachillerato (la Lomce la incluía como específica en los dos primeros niveles y a escoger en el tercero).

En las regiones más nacionalistas se otorga a la administración regional la potestad de decidir totalmente el número de clases que deben impartirse en una lengua u otra. Ello implicaría que la lucha tantos años por impedir la inmersión lingüística acabaría en derrota.

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