Decretos dictatoriales que firmó Companys durante la Guerra Civil


LISTADO COMPLETO DE LOS MÁS DE 8.000 CATALANES ASESINADOS DURANTE EL MANDATO DE COMPANYS (1936-39)

 

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Sentencia de muerte firmada por el President Companys

 

Mostremos una pequeña relación de decretos que se van sucediendo sin parar desde el Palacio de la Generalitat:

.-El 14 de agosto de 1936: se Decreta la depuración de jueces. El texto empieza así: “El pueblo catalán y los profesionales del derecho han pedido con insistencia una obra de depuración de la justicia […] esta obra no puede demorarse un instante más […] se impone abrir la justicia para dar entrada al pueblo”. Ahí es nada. Esta altisonante declaración de principios se concreta en la depuración de jueces de toda la vida, por el mero hecho de ser considerados de derechas o “fascistas”.

.-El 20 de agosto, se prepara la depuración de médicos y personal sanitario. Se lanza un Decreto que reza: “Todos los médicos, farmacéuticos y veterinarios, así como el personal auxiliar sanitario de Cataluña […] se considerará movilizado a las órdenes directas del Consejero de Sanidad”. La consecuencia de este decreto es que permitirá la expulsión y depuración de muchos sanitarios o su absoluto control. Joaquín Almendros en su escrito Situaciones españolas: 1936-1939. El PSUC en la guerra civil, es taxativo: “Trataban de ejercer una estrecha vigilancia sobre los médicos […] Muchos de los elementos de la CNT-FAI dudaban de la lealtad de los médicos y suponían que algunos eran enemigos de la República y de la Revolución” (p. 172). No en vano en Cataluña existía una profunda tradición de médicos católicos y catalanistas.

.-El 20 de agosto también ve la luz un decreto de la Generalitat que permite a los Ayuntamientos cobrar impuestos especiales para sustentar el “esfuerzo incalculable” de la transformación de Cataluña. Todo se traducía en que sin ningún tipo de legislación o –dice el texto- “restricciones administrativas”, los Ayuntamientos puedan hacerse con los recursos necesarios. La aplicación de este decreto se resume en que como la mayoría de Ayuntamientos están en manos de los comités revolucionarios, se legitiman las requisas, los robos, las extorsiones y todo tipo de injusticias. Pronto, la mayoría de comités locales, desvelan su naturaleza más animal y se dedican despiadadamente a conseguir dinero como sea. Buena parte de ese dinero va destinado a sus conocidas bacanales, prácticamente diarias, y especialmente sonadas cuando han dado un paseo a unos cuantos inocentes. “Casualmente” todas estas “medidas extraordinarias” sólo recaen entre católicos, conservadores o fascitas.

.-23 de agosto, surgen varios decretos de la Generalitat: por ejemplo, el de incautación de plata. Entre otras cosas, se prohíbe atesorar más de 300 pesetas en el domicilio familiar. También están obligados los que tienen plata en casa, a cambiarla, en cuanto pase su valor de 300 pesetas, por papel moneda. Junto a este Decreto sale otro de depuración de nuevos funcionarios. Esta vez les toca a los del Departamento de Obras Públicas. Este decreto va acompañado de la “lista” de funcionarios que les afecta y que evidentemente podrán ser utilizadas por las patrullas de descontrolados.

.-El Decreto del 26 de agosto, por el que se crean “jurados populares” (como si la cosa estuviera para esas decisiones) y se establece el deber de delación. En el artículo 10, se especifica claramente: “Todo ciudadano que tenga conocimiento de un hecho relacionado con el movimiento fascista o que conozca la actividad de alguna persona encaminada a debilitar la lucha contra el fascismo, estará obligado a ponerlo en conocimiento de las autoridades”. Cataluña empezaba a parecerse demasiado a la URSS.

.-También, del sombrero, el President se saca un decreto por el que la Generalitat puede presentarse como acusación particular en los juicios militares. Se rompe así toda la estructura de la autonomía de la justicia militar y su sentido. Igualmente, sin tener en cuenta la legislación de la República española, la Generalitat se acaba atribuyendo el derecho de nombrar jueces territoriales y, el 1 de septiembre de 1936, creará –sin tener potestad para ello- los famosos Tribunales Populares, de los que ya hablaremos.

Y así sin parar.

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