El Gobierno catalán no sólo no está dispuesto a dar marcha atrás, sino que ha dejado claro que no piensa demorar más su órdago al Estado. En un acto organizado en el Ayuntamiento de Madrid, en el que estuvo acompañado por Oriol Junqueras y Raül Romeva, Carles Puigdemont lanzó un ultimátum al Gobierno al asegurar que «jamás» renunciará a celebrar un referéndum independentista y que, de no mediar un acuerdo con el Ejecutivo en las próximas semanas, tiene previsto consumar su amenaza en otoño.

El presidente de la Generalitat quiso escenificar una supuesta oferta de diálogo al Gobierno, al que exigió «sentido de Estado». En realidad, lo que hizo fue ratificar, en plena capital de España, la extraordinaria gravedad del desafío separatista.

Es una posición tan buenista como desacertada porque está claro que ni Puigdemont ni ERC se mueven en una lógica institucional que facilite la búsqueda de acuerdos. Su premisa de organizar un referéndum, que liquidaría la soberanía nacional, hace inviable cualquier acercamiento con el Gobierno. En consecuencia, actos como el de ayer -que contó con la presencia de Pablo Iglesias– sólo sirven para alimentar la retórica de los dirigentes separatistas, que necesitan seguir parapetados en el victimismo para justificar su deslealtad.

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