La bilocación con b es el poder que tuvieron determinados santos para estar en dos sitios a la vez. La “vilocación” con v es cuando el dinero de Convergencia, gracias a su tesorero Andreu Viloca, puede estar en dos sitios a la vez. Puede estar en A y en B. Tras la apariencia de lo correcto y legal viene a escondidas la suculenta mordida en comisiones por obra pública. Luego ese dinero, ¿se “viloca” a diferentes paraísos fiscales? El molt honorable marcó el camino.

«Josep, esta obra me comenta Sergio que te la envíe y que hables con el Sr. Andreu». En este correo «Josep» es Josep Manel Bassols, delegado de Oproler en Cataluña -una de las empresas implicadas en el caso 3% sobre la financiación ilegal de CDC-.«Sergio» es Sergio Lerma, el presidente de la firma, y el «Sr. Andreu», Andreu Viloca, ex tesorero de CDC y de la Fundación CatDem, empleada para recaudar irregularmente dinero para el partido.

Según informa el diario El Mundo este correo, incluido por la Guardia Civil y por la Fiscalía Anticorrupción en los informes de la operación Pika -originariamente operación Petrum-, sería uno de los más comprometedores para Andreu Viloca, de quien la Fiscalía sostiene que era la persona que, desde el partido, «llevaba un exhaustivo control de todas las licitaciones, adjudicaciones de obra pública y concursos de distintas administraciones bajo la esfera de poder de CDC». El Ministerio Público añade también que era quien «controlaba de forma sistemática los pagos que serían, de confirmarse, sobornos con la apariencia de donaciones».

Según los correos a los que se tuvo acceso, los trabajadores de las empresas tenían en cuenta en sus cálculos para la construcción de obras el dinero que iba a parar al partido. Así, uno de los remitentes comunica a sus jefes que una de las obras iba a costar entre 1.270.000 euros y 1.280.000 euros «incluyendo en esta cifra el 3% del Señor conseguidor [sic], quedándonos 20.000 o 30.000 euros por debajo de la cifra de adjudicación propuesta y 50.000 o 60.000 euros por debajo de la oferta más económica de la que disponen [de Ferrovial]».

En la operación Pika, uno de los empresarios detenidos reconoció que había intentado al menos en 25 ocasiones que le fueran adjudicadas obras públicas pero que no lo consiguió hasta no formar parte de la «lista» de «donaciones».

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