La Operación Pika, que investiga la supuesta financiación ilegal de Convergència Democrática de Catalunya, sigue revelando nuevas conexiones.

Andreu Viloca, extesorero de CDC, era uno de los hombres que se reunían con los empresarios antes del proceso de licitación, y una vez cerrado el trato, contactaba con Josep Antoni Rossell, que fue director general de Infraestructuras de la Generalitat, para acordar los términos de las futuras adjudicaciones.

Pero sus redes no se limitaban al ámbito del gobierno catalán, también llegaban al municipio de Barcelona, donde Xavier Trias estaba al frente. Allí realizaba las gestiones con el ex teniente de alcalde Antoni Vives, quien también dirigía el ente Barcelona d’Infraestuctures Municipals (Bimsa).

Uno de estos proyectos que habrían sido amañados es el del túnel de la plaza de Glòries, en Barcelona. En la UTE que ganó la licitación se encuentra la constructora Benito Arnó, dirigida por Joan Albert Arqués, uno de los 18 empresarios detenidos esta semana.

Arqués fue socio de David Madí, hombre de confianza de Artur Mas, exsecretario de Comunicación y Estrategia de CiU en el fondo de inversión ICAT Desenvolupament SL. L

Otra figura involucrada es Germá Gordò, exconsejero de Justicia entre 2012 y 2016. Este político era gerente de CDC, y por ende, responsable de las acciones de Viloca.

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