Colau ha permitido en los últimos nueve meses que los okupas se hayan apropiado de cinco inmuebles municipales, alguno de ellos destinado a convertirse en espacio para personas de la tercera edad.

El representante del PP denunció su okupación inmediatamente ya que si se produce el desalojo antes de las primeras 48 horas de la okupación, puede frenar que ésta se convierta en algo indefinido.

Esta finca de Ciutat Vella está calificada como equipamiento y se encontraba tapiada antes de que los okupas derribaran el muro para facilitar la entrada del mismo.

El pasado 9 de febrero desde la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento que dirige Ada Colau, se promovió un nuevo reglamento en el que se prevé la regulación de los pisos okupados en función de si han estado habitados más de dos años, entre uno y dos años o menos de un año. Con ello Colau intenta regular la situación de los espacios okupados. Es un reglamento que ni se ha discutido en el Consejo de Vivienda Social.

Fuentes cercanas al

La oposición en el Ayuntamiento asegura que estas medidas pueden provocar un “efecto llamada” ya que son muchas la personas que necesitan una vivienda social y que podrían imitar la forma de actuar de los okupas “simplemente derribando un muro y apropiándose del edificio”.

El inmueble del Raval es el último episodio de los edificios municipales okupados ya que otros inmuebles emblemáticos lo fueron y continúan estándolo entre ellos: el edificio Transormadors en el Barrio del Eixample (este inmueble en concreto estaba destinado a convertirse en un equipamiento para personas mayores), la antigua comisaría de Gràcia, las viviendas de la calle Hort de la Vila de Sarriá mientras se ha mantenido la okupación de Can Víes en Sants.

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