La declaración independentista no solo contiene disposiciones en cuanto a desobediencia genérica y el inicio del proceso. También incluye algunas medidas reales de dudosa constitucionalidad sobre temas en los que la Generalitat no tiene competencias.

Uno de los más polémicos, pactado por exigencia de la CUP, es el de la acogida de refugiados. En concreto la declaración pretende “dar acogida y asilo al máximo número de personas refugiadas, más allá de las decisiones adoptadas en este ámbito por el Gobierno español” a través de un acuerdo direte con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

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