Muchos funcionarios de la Generalidad de Cataluña se desmarcan de la amenaza independentista de Junts pel Sí y la CUP y apoyan la Constitución y la legalidad vigente. Además, denuncian que la política de ajustes aplicada por el Gobierno regional de Artur Mas está perjudicando su situación en comparación con la de los empleados de la Administración central. Los recortes «se están cargando el Estado del Bienestar» en la comunidad, apunta al respecto Joan Escanilla, responsable en Cataluña del principal sindicato de funcionarios de España, CSI-F.
Escanilla considera que la situación laboral de los funcionarios «no debe cambiar en función de las tendencias políticas de los que gobiernen Cataluña» y rechaza que se les «utilice» con fines partidistas. El sindicato asegura que los empleados públicos trabajan «para la igualdad de todos los españoles, vivas donde vivas, y las administraciones públicas son garantes de los principios que sustentan nuestro modelo de Estado social, democrático y de derecho desde el comienzo de la democracia».
CSI-F convocó ayer viernes en Barcelona una manifestación bajo el lema «Contra los recortes, en defensa de la Constitución y el Estatut vigente», protesta que coincidirá con una reunión en la que los empleados públicos reclamarán al Ejecutivo de Mas que devuelva las pagas y los derechos perdidos durante la crisis. Escanilla ha señalado que el sindicato ha recibido muestras de preocupación por parte de empleados públicos ante las dudas en su función que pudiera generar el proceso independentista.
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