Mas admite ante el juez que gastó 3 millones públicos en el referéndum ilegal


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Els diners públics són meus.

 

El presidente en funciones de la Generalitat catalana, Artur Mas, ha reconocido esta mañana ante el juez que gastó más de 3 millones de euros públicos en la celebración del referéndum ilegal del 9N.

Al iniciar su comparecencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el magistrado Joan Manel Abril ha informado a Mas de que está imputado por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.

El político convergente ha iniciado su declaración leyendo durante casi un cuarto de hora un manifiesto, en el que ha sostenido que la celebración del referéndum de independencia constituye un “proceso político” que responde a la voluntad popular de los catalanes y por tanto, ha argumentado, no se puede perseguir por la vía penal.

A continuación, el juez ha planteado a Artur Mas varias preguntas sobre cómo se financió el referéndum y sobre los medios públicos que la Generalitat dispuso para su celebración. Entre ellos, la colocación de urnas en institutos de Educación Secundaria de toda Cataluña y la utilización de ordenadores (comprados por la Conselleria que dirigía Irene Rigau) para llevar a cabo el recuento de votos desde el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).

Según han explicado a Okdiario fuentes de Manos Limpias (que ejerce la acusación popular en la causa), Artur Mas ha admitido ante el juez que gastó más de 3 millones de euros públicos en la organización del referéndum. Esta declaración tiene especial importancia, pues supondría el reconocimiento de que cometió un delito de malversación, ya que el Tribunal Constitucional (TC) había prohibido expresamente la celebración de la consulta.

Siempre según las mismas fuentes, la cifra de 3 millones de euros habría incluido gastos como la edición de papeletas y la campaña publicitaria emitida en distintos medios. Artur Mas ha alegado que este dinero no salió de la partida presupuestaria que la Generalitat había habilitado inicialmente para celebrar el referéndum, sino que se aportó desde otras partidas de “gastos generales”.

 



Categorías:POLÍTICA

2 respuestas

  1. Pues nada, si se gastó dinero público en un acto ilegal y además estúpido por carente de utilidad, por lo menos el delito de malversación está claro. Inhabilitación para cargos públicos y que se auto-ordene una transferencia desde Suiza para devolver la tela, que la industria textil catalana ya no está para desperdiciarla.

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  2. Por muchísimo menos, a un trabajador normal lo echan a la puta calle y no digamos por robar una oveja.

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