La Asociación Salvar el Archivo de Salamanca sigue acumulando pruebas que demuestran cómo la Generalitat de Cataluña ha incumplido la Ley 21/2005 que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó para devolver la documentación aprehendida por las autoridades militares franquistas tras la Guerra Civil. De los cerca de 1,1 millones de documentos que salieron entre 2006 y 2011 del Archivo de Salamanca (dependiente del Ministerio de Cultura) con destino al Archivo Nacional de Cataluña, se ha constatado que al menos 2.000 tienen procedencia valenciana. La investigación es ardua y lenta, faltan muchos papeles por revisar, pero se estima que la cifra real es mucho más elevada.

Los sellos, incluso las referencias manuscritas, evidencian su origen. Son principalmente carnés sindicales de ciudadanos valencianos, castellonenses y alicantinos; también hay correspondencias internas entre organismos e instituciones del bando republicano con origen o destino en la región. La razón por la que estos documentos acabaron en Cataluña no está clara todavía («no podemos decir si hubo error o dolo»), aunque algunos testigos aseguran que tanto el inventariado como el posterior traslado de papeles desde el Archivo Nacional de la Guerra Civil en Salamanca se produjo «sin ningún control». «Se llevaban las cajas como si fuesen de manzanas», denuncia Policarpo Sánchez, presidente de la asociación antes citada y cabeza visible de la batalla judicial que exige la restitución de 400.000 documentos extraídos «ilegalmente».

Para este investigador, la cuestión de fondo «no es solo la pérdida patrimonial que supone que se hayan llevado los originales; o la pérdida de información porque no han dejado copias de muchos de los documentos, sino el peligro que supone que cuenten la historia como les convenga». Muchos de estos documentos, según la legalidad, pertenecerían a valencianos a los que no se les han restituido.

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