Las incertidumbres que genera el escenario político en Catalunya se ciernen también como una nebulosa en el ámbito económico. Sin embargo, en los meses transcurridos desde que el president de la Generalitat, Artur Mas, recrudeciese su desafío soberanista al Estado, los distintos líderes políticos apenas han aclarado cuál será el impacto de esa independencia.

Un impacto que viene inevitablemente ligado a una salida automática de la UE-pese a que desde la Generalitat se sostiene que la rentré será relativamente rápida- y, por tanto, también de sus instrumentos financieros, de control y estabilidad. Y, quizás, también, del euro.

Una Catalunya independiente podría decidir de forma unilateral mantener la moneda europea-así ocurrió en Kosovo– pero con la consecuencia de una enorme inestabilidad.  El Estado catalán no tendría influencia sobre el tipo de cambio o los tipos de interés.

La nueva  Catalunya quedaría fuera de las instituciones financieras comunitarias, como el BCE, y por tanto, también de su red de seguridad y de la capacidad de inyectar liquidez a entidades de crédito en situación de dificultad. Del mismo modo, tampoco tendría acceso al Banco Europeo de Inversiones (BEI), de la que España es principal destinatario de préstamos, ni podría participar del Mecanismo Europeo de Estabilidad.

“En un primer momento, podríamos pensar que, fiscalmente, una Catalunya independiente podría salir beneficiada”, explica Adolfo Jiménez, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios, “En Catalunya, como en Madrid, hay mayores capitales, mayores tributaciones, tanto de personas como de empresas, y eso es lo que hace que una región tribute más, pero en realidad somos personas físicas o jurídicas las que tributamos”, aclara.

Una hipotética Catalunya independiente se dotaría, en primer lugar, de una Hacienda propia que asumiría todas las competencias actuales de la Agencia Tributaria, “de forma que  todos los recursos materiales y humanos actualmente dependientes del Estado tendrán que ser traspasados a la Generalitat”, expresa ERC en sus documentos programáticos.

¿Cómo sería su política fiscal? ¿Sería sostenible? ¿Estarían obligados a subir impuestos?

Los cálculos de Asesores Fiscales indican que la independencia supondría una bajada de hasta el 2’5% del PIB. Otras estimaciones, acusan esa reducción hasta el 23%. A ello se uniría, razona este experto,  la obligación de seguir pagando la deuda española y la suya propia que vayan creando.

“Si crean su propia moneda, tendrían que pensar  cuál sería el cambio, y a partir de ese momento, se produciría una inflación galopante que a la larga bajaría la riqueza de los catalanes, porque no tendrían forma de ajustar la economía con otras instituciones, sobre todo con el BCE”, afirma Jiménez, quien avanza que “la economía catalana sufriría muchísimo con la independencia y no tendrá otra forma de ingresar que subir impuestos, y al mismo tiempo, seguir endeudándose”.

¿Qué pasaría en un hipotético gobierno de ERC? Entre las medidas fiscales que propone el partido presidido por Oriol Junqueras figura la creación de un impuesto sobre los depósitos de los clientes de las entidades de crédito, “como impuesto propio de la Generalitat de Catalunya y de carácter finalista, que servirá para financiar las políticas publicas y de reactivación económica” explican.  Desde la formación calculan que el coste de esas políticas públicas sería de  4.153 millones de euros que pretenden lograr, afirman.

“La consecuencia inmediata de esa medida fiscal sería que el dinero se marcharía de Catalunya”, afirma el presidente de los asesores, que no duda al explicar que, según su criterio, “si se produjera la separación inmediatamente tendrían que hacer un corralito”. “Desde el mismo momento en que ERC llegase al poder, ya se estarían escapando los capitales”, advierte.

El diagnóstico coincide con el realizado por la agencia de calificación crediticia Fitch, que ayer emitía el primer informe tras el proceso participativo del domingo en Catalunya, en el que advierte que “incluso una ruptura ordenada de España plantearía riesgos en la economía nacional”.

El texto señala que “la incertidumbre prolongada y el clima de gran tensión” podría provocar “algunas salidas de depósitos a corto plazo”, que afectarían particularmente a los bancos catalanes”, aumentarían los costes de financiación y las empresas reducirían las inversiones como “medida de protección”.

Fitch plantea en su informe dos escenarios, entre ellos, el que ve más probable pasa por un “acuerdo fiscal” con el Estado que le permitiría “incrementar sus ingresos fiscales y reducir el riesgo de impago”. Otro, pasa por la ruptura total con el Estado, que avanza, tendría“consecuencias negativas” tanto para España como para Catalunya que podrían ser “exacerbadas”. Según la agencia, el Gobierno central debería asumir la deuda, lo que la elevaría al 120%.

En una reciente entrevista, en Bloomberg, Oriol Junqueras aseguraba que una Catalunya independiente podría asumir el 9% de la deuda pública española, “valiéndose del precedente de los acuerdos de Dayton sobre Yugoslavia”. Esto es, “unos 90.000 millones”, afirmaba Junqueras, “que es lo que le corresponde a Catalunya del gasto público español de los últimos veinticinco años”.

Catalunya es ya una de las regiones más endeudadas de España (57.000 millones). Con la crisis del euro, la región perdió prácticamente todo acceso a los mercados de deuda y ha recurrido al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), según informa Alexia Acosta.  Más de 17.000 millones ha obtenido del Gobierno Central, en 2012 y 2013, para hacer frente a sus obligaciones financieras. Los mercados se preguntan, cómo podría hacer frente a su deuda una Catalunya independiente, con una nota crediticia en el ‘bono basura’ o al borde del ‘bono basura’.

La “Hisenda Nacional Catalana»

Conscientes de que disponer de una Agencia Tributaria propia es piedra angular en un Estado independiente, la Generalitat cuenta ya con un ensayo de su anhelada Hacienda catalana.  Se trata de la red «Tributs de Catalunya», que tiene 53 oficinas de atención al contribuyente.

Según la previsión del Consejo Asesor para la Transición Nacional, esa red debería ampliarse a 152 oficinas y 1.400 empleados, antes de dar el salto definitivo, para el que estiman serían necesarios hasta 8.000 funcionarios, entre ellos, alrededor de 300 inspectores, y  una inversión inicial de más de 700 millones de euros. Si la gestión fuera muy eficiente,el coste anual de esta agencia ascendería a 400 millones de euros, según los cálculos del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN).

Entre esos 8.000 funcionarios estarían los que actualmente trabajan en la delegación catalana de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que serían traspasados.

¿De dónde piensan obtener ingresos?

La política impositiva de ERC pasa,  además, por modificar el impuesto sobre el Patrimonio, rebajando el mínimo exento y fijándolo en 500.000 euros, la derogación de la última reforma del impuesto de sucesiones y donaciones, nuevos impuestos ambientales que graven la emisión de gases contaminantes o la producción de residuos nucleares, impuestos a la distribución de productos de consumo poco saludables, una tasa sobre transacciones financieras, “para frenar la especulación y hacer que la banca asuma parte de los costes de las crisis”, un impuesto de sociedades,  “uno de los principales instrumentos de política económica para el fomento y reactivación de la economía productiva del país” y un IVA inferior al 20% con un incremento progresivo de los tipos impositivos de los impuestos especiales sobre el consumo de alcohol, tabaco e hidrocarburos, “hasta la media europea”, indican.

“Como el negocio va a bajar tanto, aunque mantuvieran el IVA en el 21% perderían dinero”, afirma el presidente de la Asociación de Asesores Fiscales, “las medidas que anuncian son imposibles de mantener, necesitan los impuestos”.

Otras interpretaciones difieren. Las catedráticas de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona (UB) Núria Bosch y Marta Espasa, en cambio, afirman que, si en el período 2006-2009 Catalunya hubiera sido un Estado independiente y hubiera mantenido el mismo sistema fiscal y la misma presión fiscal que el Estado español, el Gobierno catalán habría recaudado una media de 49.018 millones de euros adicionales anualmente. Si hubiera tenido que asumir nuevas competencias, el coste de los gastos adicionales en el mismo período hubiera sido de 35.129 millones de euros anuales de media. Las autoras calculan la ganancia fiscal de una Catalunya independiente en 13.889 millones de euros anuales de media, equivalente al 7’1% d el PIB.

Plan de choque contra el fraude fiscal

Otra de las vías de ingreso que se proponen es un Plan de choque contra el fraude fiscal: “Una de las primeras medidas fiscales que tendrá que aprobar la Hacienda catalana es la lucha contra un fraude fiscal que amenazan la sostenibilidad y la equidad del sistema”, afirman desde ERC.

Según sus cálculos, reducir el 10% del fraude fiscal en Catalunya, permitiría generar ingresos adicionales por valor de 2.000 millones de euros. “La lucha contra el fraude fiscal requiere de una férrea voluntad política”, apunta José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (GESTHA).

Desde este sindicato, el más representativo entre los funcionarios del sector, han elaborado un exhaustivo programa para erradicar el fraude, que, afirman, sería trasladable también a una Catalunya independiente. Ese programa se articula en cuatro puntos básicos: un detallado estudio por territorios y sectores de la economía sumergida, un compromiso irrenunciable aprobado por el Parlament catalán para reducir la economía sumergida conforme a ese estudio, un supervisor para comprobar que la Agencia Tributaria catalana esté cumpliendo ese papel y profesionales independientes y con capacidad para investigar al evasor.

Sus previsiones superan incluso los cálculos del partido: con una reducción de diez puntos en la economía sumergida en Catalunya se podrían recuperar en torno a 4700 millones de euros.

No obstante, este objetivo no es ni mucho menos inmediato y requiere, de entrada, de un importante refuerzo de personal.  “Según los cálculos de la OCDE, tenemos la mitad de la plantilla que necesitaríamos”, afirma Mollinedo, “y en el caso de una Catalunya independiente, habría que dar libertad a los funcionarios para que decidieran quedarse en el nuevo Estado o bien trasladarse, con lo cualpodría haber una merma de funcionarios”.

Según este experto, la reposición tendría que hacerse de forma paulatina,  “se necesita un proceso de selección arduo”, advierte”, “no es aconsejable duplicar la tasa de funcionarios  en un primer año, es algo para lo que se necesitarían hasta diez años”.

Política bancaria: creación de una nueva banca

“Crear una nueva banca” es el objetivo que defiende ERC, en un escenario en el que, afirman, el  Instituto Catalán de Finanzas “tendrá naturaleza total de banco público, accediendo a los mercados de capitales, a las  subastas de liquidez del Banco Central Europeo o a la captación de depósitos de instituciones, empresas y particulares”. Además, piensan dotarse de los “reguladores financieros propios, que asuman las competencias que actualmente ejercen la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España”. 

Entre otras medidas, proponen “impulsar la modificación de la legislación estatal que regula las entidades de crédito para incluir el Instituto Catalán de Finanzas, equiparándolo a las demás entidades de crédito que operan en el mercado financiero” e introducir el “derecho de veto o necesidad de dictamen previo de la Generalitat de Catalunya” en el proceso de recapitalización de instituciones financieras con sede social en Catalunya y con inyección temporal de capital del FROB para que la composición de su capital preserve los factores de territorialidad de las entidades originales.

Éste es el escenario que dibuja ERC, pero la realidad financiera de la Catalunya independiente vendrá muy marcada por la previsible salida automática de la UE y, por tanto, también de su red de estabilidad y control financiero,  de forma que los bancos y cajas catalanes no podrían acceder a la liquidez del BCE ni serían tampoco fiscalizados por un supervisor único europeo. Tampoco podría beneficiarse por tanto de los fondos de rescate.

A ello se añade que los dos principales bancos catalanes-Caixabank y Banc Sabadell- tienen su mayor actividad en el resto del país. Según datos del Banco de España, los depósitos de clientes del resto de España en el caso de Caixabank supone 131.000 millones de euros, frente a los 64.000 millones de Catalunya.  Algunos analistas no descartan que estos bancos puedan acabar trasladándose al Estado español.

Política industrial: cero dependencia española

En una Catalunya independiente gobernada por ERC se priorizarían sectores “potentes y consolidados” en la región. Esto es, afirman, la industria farmacéutica, el sector de automoción o el sector agroalimentario. Del mismo modo, proponen impulsar sectores emergentes, como el coche eléctrico.

El eje central de su acción industrial es la exportación y la reducción de la dependencia española.  Para ello, se marcan el objetivo de que dos tercios de las ventas de las empresas catalanas en el exterior se dirijan fuera del Estado español.

Un objetivo ambicioso, si se tienen en cuenta los datos relativos a los intercambios comerciales de Cataluña que indican, según datos del propio Consejo de Trabajo Económico y Social (CTESC), órgano asesor de la Generalitat,  que entre 2008 y 2013,  la comunidad registró un superávit comercial de 1.331 millones de euros, un resultado que fue en cambio posible gracias al saldo positivo en los intercambios comerciales con las otras comunidades autónomas, de 17.445 millones de euros, equivalente al 9% del Producto Interior Bruto (PIB). El déficit con el resto del mundo se cifra en 16.114 millones de euros, el 8,3% del PIB.

Según un informe del Centro de Predicción Económica, Ceprede, Catalunya se mantuvo el año pasado como principal autonomía exportadora al resto de regiones, valoradas en  44.091 millones de euros, apenas un 0,7% menos en relación a los 44.425 millones con que se cerró 2012. Con datos de la propia Generalitat correspondientes al año pasado, Catalunya vende al resto de España 44 mil millones de euros, 37.000 a la UE y 22.000 al resto del mundo. Fuera de la UE, el principal socio de Catalunya es Suiza, a la que exporta menos que a Castilla-León, la séptima comunidad autónoma a la que más exporta.

Una Catalunya independiente habría de replantear sus relaciones comerciales. Si deja de estar dentro del espacio de libre comercio europeo, las exportaciones- tanto a los países de la UE como a aquellos con los que se mantienen acuerdos-estarían gravadas por aranceles como la Tarifa Exterior Común, lo que repercutiría en el precio y, por tanto, podría provocar que los compradores dejasen de adquirir esos bienes.  Sí podría, sostienen algunos expertos, alcanzar algún tipo de acuerdo bilateral con la UE, para lo que únicamente haría falta una mayoría cualificada del Consejo europeo.  Un acuerdo, en su caso, que no sería inmediato.

“Se considera que por efecto frontera y deslocalización, los flujos comerciales de Catalunya con el resto de España se contraerían un 45%”, sostiene Ferrán Brunet, profesor de Economía Aplicada de la Universiad Autónoma de Barcelona y miembro de la plataforma Societat Civil Catalana. Los datos figuran en un detallado informe, firmado por una treintena de expertos, en el que se avanzan algunas de las consecuencias de una Catalunya independiente.

“El impacto en el empleo sería muy grave: provocaría una destrucción de hasta 447.000 empleos, el 16% de la ocupación”, afirma.  En sus efectos en cadena, advierten,se produciría un aumento del déficit público al 10’3% del PIB y la deuda pública hasta el 118% del PIB, con vencimientos anuales del 25% del PIB, “lo que situaría a Catalunya entre los países más endeudados”.

“Esa deuda sería infinanciable”, advierte Brunet, “ y los euros que la gente tuviera en los bolsillos se esconderían, igual que desaparecían todos los depósitos en euros, que se habrían situado fuera del territorio independiente”.

Otras medidas en política industrial en un hipotético gobierno de ERC:

-Aumentar la inversión pública en innovación tecnológica industrial.

– Dar prioridad a la “economía verde”: “Haremos de la investigación y la innovación en materia ambiental factores clave en la dinamización económica del territorio, la creación de empresas y de nuevos empleos y profesiones, apostando por una economía asociada a los valores de la sostenibilidad y la responsabilidad social, impulsando lanueva economía del futuro”, reza su programa.  Introducen el concepto de “ecoinnovación”: “la evolución de los procesos productivos, de la organización,los diseños y los materiales hacia una mejora ambiental del ciclo de vida de los productos finales,contribuyendo a cambiar el modelo productivo, haciéndolo más eficiente, más competitivo y más sostenible”.

-Más incentivos a la investigación e inversión en sectores estratégicos ligados a la economía sostenible, especialmente en energías renovables, la eficiencia energética, las tecnologías del agua, la gestión de los residuos …

-Estimular los procesos cooperativos, de crecimiento, internacionalización e innovación de las empresas comerciales y de servicios, ayudando a encontrar fuentes de financiación adecuadas para el desarrollo empresarial y prestando una especial importancia a la introducción de las TIC en la actividad comercial.