10 de junio: el día que el Gobierno no exhumará los restos de Franco


“La reinhumación de los restos de Franco será el 10 de junio, por la mañana, y el lugar al que irán será el panteón de Mingorrubio-El Pardo“, la Ministra Carmen Calvo dixit. Ese día, para más inri es el de San Asterio de Petra (que algo tendrá que ver con la pétrea losa de la tumba). En secreto muchos socialistas se rasgan las vestiduras por haber puesto una nueva fecha. Hasta los podemistas se han quejado de esta maniobra que la consideran claramente electoralista.

Pero ¿qué dicen los juristas? ¿Será posible en un plazo tan corto saltarse todos los plazos y obstáculos jurídicos? Atendiendo a juristas expertos y al espíritu del auto con el que el Alto Tribunal desestimó el pasado mes de diciembre la primera petición de la familia Franco, es prácticamente imposible que se cumplan el plazo del Gobierno.

La última palabra la tendrá la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, a cuya puerta han llamado ya tanto los familiares como los benedictinos para recurrir el acuerdo por el que el Consejo de Ministros acordó la exhumación el pasado 15 de febrero y solicitar la suspensión cautelar de la ejecución de la medida hasta que se resuelva el fondo.

El Alto Tribunal debe analizar ahora si concurren los requisitos que exige la Ley reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-administrativa y paraliza temporalmente el traslado de los restos. Admitidos a trámite los recursos en cuestión de horas, el Supremo resolverá en el plazo aproximado de dos semanas.

El pronunciamiento del TS puede ser la ‘primera piedra’ que encuentre el Gobierno de Pedro Sánchez. Si el Supremo se aviene a la tesis de los nietos y de los benedictinos, a los que se sumará a principios de esta semana la Fundación Francisco Franco, la exhumación quedará suspendida y tardaría meses en ejecutarse. Y ello siempre que, tras estudiar los argumentos de las partes, la Sala terminara avalando la decisión del Consejo de Ministros.

El TS advirtió al Gobierno de que el acuerdo no podría ejecutarse sin que previamente la familia hubiera “podido recurrirlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar, y esta Sala se haya pronunciado al respecto”. 

Aun en el caso de que el Tribunal Supremo no acordara la suspensión cautelar, el Ejecutivo carece de la preceptiva autorización eclesiástica para ejecutar la exhumación

En contra del discurso mantenido este viernes por Carmen Calvo, existen fundadas dudas de que el Ejecutivo pueda materializar su compromiso aun en el caso de que el Tribunal Supremo no le dé la razón a los nietos y a la comunidad benedictina y acuerde no suspender el acuerdo del Consejo de Ministros. Motivo: el Ejecutivo no tiene la autorización eclesiástica para acceder a la basílica y acometer la exhumación.

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En su artículo 1.5, el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede para asuntos jurídicos -firmado el 3 de enero de 1979- establece que “los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las Leyes”. El Canon de Derecho Canónico otorga la consideración de espacio sagrado a los que “se destinan al culto divino o a la sepultura” -requisito que cumple el templo del Valle de los Caídos, elevado a la categoría de basílica menor durante el mandato de Juan XXIII (7 de abril de 1960)- y faculta a la autoridad eclesiástica a ejercer “libremente sus poderes y funciones” en dichos espacios.

El pasado 12 de diciembre, el Ministerio de Justicia pidió por carta al prior de la abadía del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, autorización eclesiástica para la exhumación de los restos de Franco. Dos semanas después, el monje contestó a la ministra Dolores Delgado que denegaba el permiso solicitado invocando la “notoria” oposición de los descendientes del General y que, en consecuencia, su consentimiento podría afectar a “derechos fundamentales” de los familiares y causarles un “daño irreparable”.

Fracasado el primer intento, Carmen Calvo envió una carta el pasado 18 de enero al secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, en la que se quejaba de que el prior del Valle de los Caídos les había denegado la autorización y le pedía que tomara las decisiones oportunas “a fin de remover los obstáculos que la referida abadía ha creado con su decisión” y evitar “un conflicto jurídico y político” indeseado. Semanas después, el Vaticano le dejó claro a la número dos de Pedro Sánchez que “no quiere intervenir en una cuestión que está sujeta a la jurisdicción española”, dejando claro que la solución pasa por el Tribunal Supremo.

El frente judicial se le ha complicado al Gobierno tras suspender un juez la licencia urbanística que necesita para llevar a cabo la actuación prevista dentro de la basílica

Si el Gobierno ha solicitado expresamente la autorización eclesiástica es porque ha considerado que no puede soslayar este trámite. Los expertos han reconocido la necesidad de disponer dicho permiso de la Iglesia para poder ordenar la exhumación dado el carácter inviolable de que gozan los lugares sagrados. Y si no la tiene, ¿puede llevar a cabo el Ejecutivo el traslado de los restos aun cuando el Supremo no acordara en unas semanas la suspensión cautelar?

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Si fuera así, el Ejecutivo vulneraría el Acuerdo con la Santa Sede, el Código de Derecho Canónico y el propio decreto-ley con el que el pasado 24 de agosto modificó la Ley de Memoria Histórica para dar cobertura normativa al traslado de Franco, por cuanto dicha disposición no establecía expresamente la imposibilidad de que los nietos entierren los restos de su abuelo en la cripta de La Almudena ni incluía ninguna salvaguarda que el Gobierno pudiera esgrimir -como ha hecho de forma sobrevenida por razones de “orden público”- en su intento de vetar la inhumación en la catedral madrileña.

A todo ello se suma la suspensión cautelar ordenada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid sobre la licencia urbanística para la ejecución de los trabajos de retirada de la losa que tapa el sepulcro. .

A finales de junio, Pedro Sánchez dejó entrever que el traslado de Franco sería en verano. No se cumplió esa previsión. Tampoco a finales de año ni en enero de 2019, las otras fechas que aventuraron miembros del Ejecutivo sin ningún éxito antes de fijar la del 10 de junio. Previamente, el Tribunal Supremo tendrá que acordar una decisión que alejará o acercará la materialización del proyecto ‘estrella’ del primer presidente español que llegó a La Moncloa a través de una moción de censura.

 

4 comments

  1. Cuando Franco estaba destinado en Marruecos, los moros decían que tenia una ”Baraka”.Pues bien parece ser que dicha Baraka lo protegerá después de muerto.

  2. ¿Y no sería mejor que alguno de los dirigentes de los partidos de la oposición terminará con esto pactando con la familia una salida que acabe con esto? Que salga del Valle a un lugar digno donde haya seguridad frente una profanación.
    La mayoría de los nietos no quiere rollos, sólo quiere tranquilidad. Un pacto y Sánchez queda con el trasero al aire… y se acaba este coñazo

  3. Es tal la nausea que me provoca el comportamiento del PSOE, que prefiero no hacer ningun comentario. Y me pregunto yo quien vota PSOE

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