El Tribunal de Cuentas cerca a Carles Puigdemont. Su fiscal jefe, Miguel Ángel Torres, calcula que el expresidente de la Generalitat desvió más de 8 millones de euros de dinero público para sufragar el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Torres ha elevado al Tribunal de Cuentas una demanda que imputa a Puigdemont y 17 altos cargos del Govern Puigdemont el desfalco de esos 8 millones, el doble de lo que considera el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en su instrucción de la causa del 1-O.

El Tribunal de Cuentas condeó a Mas, así como a la ex vicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera Irene Rigau a pagar una fianza solidaria de 4,9 millones de euros por la consulta ilegal del 9-N celebrada en 2014. Este tribunal ordenó el año pasado el embargo de la vivienda de Mas y de otros bienes de los demás implicados para hacer frente a parte de la fianza impuesta por este procedimiento de responsabilidad contable.

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