Pura intoxicación. Así han definido desde la Fundación Francisco Franco el anuncio de la vicepresidenta y ministra de Igualdad del nuevo Gobierno del PSOE, Carmen Calvo, sobre los recientes contactos que el Gobierno habría mantenido con la familia de Francisco Franco para transmitirles su intención de retirar sus restos del monumento.

De acuerdo a las fuentes expertas, el presidente del Gobierno no tiene potestad para proceder a la exhumación sin el consentimiento de la familia, que se opone al traslado de los huesos.

Una posición distinta es la de la Iglesia. Según ha manifestado la Conferencia Episcopal, la decisión no nace de la Iglesia ni le corresponde a ella decidir. «La decisión que origina la presencia o salida de los difuntos, no nace de la Iglesia ni le corresponde a ella decidir en un sentido u otro. Es otro ámbito, el político o el familiar, el que ha de decidir», apuntó el secretario y portavoz de la CEE, Gil Tamayo. (Estos eclesiásticos, mojándose como siempre).

Está claro que un proceso de exhumación, y más de este calibre, no se puede resolver en un mes, y más si se interponen demandas judiciales. Por tanto, estamos ante otra fantasmada de Pedro Sánchez.

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