La sentencia del caso Palau está a punto de hacerse pública. El juez ulio Hernández Pascual trabaja en ella desde el 16 de junio pasado, cuando quedó visto para sentencia el juicio contra Fèlix Millet, Jordi Montull, el extesorero convergente Daniel Osàcar y otros doce acusados. El escándalo estalló hace más de ocho años.

En círculos judiciales se apunta que la sentencia está al caer. Se ha esperado hasta después de las elecciones del 21-D para no interferir en la campaña. Sin embargo, no se aguardará a la formación del nuevo gobierno de la Generalitat aunque la sentencia pueda impactar en uno de los actores políticos.

En sus conclusiones finales, el fiscal Emilio Sánchez Ulled acusó a Convergència (CDC) o al partido que le haya “sucedido” como responsable civil a título lucrativo del expolio del Palau de la Música. Les reclamó 6,6 millones de euros.

Convergència ha desaparecido de la escena política y su sucesor, el Pdecat, no concurrió a las elecciones del 21-D con estas siglas aunque se incrustó en Junts per Catalunya, la lista que lideró Carles Puigdemont. Este último se ha desmarcado por completo de la vieja CDC e incluso marca distancias con el Pdecat, pero no puede deshacerse de su pesada herencia.

El Pdecat se prepara para una sentencia adversa. Desde el partido se insiste en que ya no tienen nada que ver con la vieja Convergència, pero esta no es la realidad: su sede central, que ocupan desde hace un año y medio, es propiedad de CDC. Además, Artur Mas dejó de presidir este partido para serlo del Pdecat. El fiscal Sánchez Ulled dejó bien claro que atribuía la responsabilidad a CDC o a su sucesora se llamase como se llamase. Hace meses encargaron un informe patrimonial para afrontar las posibles sanciones.

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