La Fiscalía Superior de Cataluña aportó una nueva prueba que puede fundamentar su acusación de presunto delito de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos en la consulta independentista del 9N. La Generalitat había pedido a la aseguradora AXA una extensión de la póliza del seguro de accidentes que el Departament d’Economia i Coneixement tiene contratado con el personal del gobierno catalán.

Según publicó el diario El Mundo, este pedido del Govern se dirigía a «1.317 personas voluntarias que trabajarán el 9 y 10 de noviembre». De esta manera, se tambalea el argumento del ex presidente Artur Mas, así como de la ex consejera Irene Rigau y la ex vicepresidente Joana Ortega, que justificaban que la votación independentista había sido exclusivamente un acto de voluntarios, en el que la Generalitat no había tenido ninguna implicación.

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