Bye, s´ha acavat el «choyu»

Desde este sábado está en vigor la reforma del Tribunal Constitucional que autoriza al alto tribunal a suspender a los cargos públicos que incumplan sus sentencias. Según publica el Boletín Oficial del Estado, el órgano constitucional podrá imponer multas económicas o directamente inhabilitar, transcurrido un tiempo fijado por el propio TC, a los altos funcionarios que no obedezcan sentencias de «especial trascendencia constitucional». Esta ley, propuesta por el PP pocas semanas antes del 27S, y aprobada esta misma semana, supone una nueva amenaza para el futuro político de Artur Mas, acusado en reiteradas ocasiones de no cumplir las leyes al promover la consulta del 9N.

La nueva ley, rechazada por la oposición en bloque durante su tramitación en el Congreso y el Senado, establece que «la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos» durará «el tiempo preciso para asegurar» el cumplimiento de las sentencias del máximo órgano constitucional. Una norma que se convierte en una herramienta más para frenar, desde la justicia, los planes independentistas de Mas y el resto de políticos implicados en el proceso soberanista.

Causas abiertas

La puesta en marcha de esta ley llega sólo dos días después de que Artur Mas declarase ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TDJC), que admitió a trámite la querella impuesta por la Fiscalía del Estado. En las próximas semanas, el máximo órgano judicial catalán se pronunciará sobre los cuatro delitos que se le imputan a Mas (prevaricación, obstrucción a la justicia, malversación y desobediencia) por la celebración del 9N, en una causa también abierta contra la consejera de Ensenyament, Irene Rigau, y la ex vicepresidenta del Govern, Joana Ortega

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