Una de las fantasías políticas que sintomatiza Artur Mas con mayor evidencia, es la de convertirse en un nuevo President Màrtir, como el sanguinario y sectario Lluís Companys. Travestido de Gran Timonel, Gandhi postmoderno y últimamente hasta de Varoufakis farolero, ha ido dando forma a un personaje en constante mutación según las circunstancias y los escenarios políticos. El Butifarrèndum del 9-N, parece que puede convertirse en otro problema para Artur Mas que ha estado viviendo a espaldas a la realidad y saltándose la Ley porque con él no iba la música.

En diciembre pasado, el TSJC decidió abrir una investigación contra Mas, Rigau y Ortega tras estimar las siete querellas y una veintena de denuncias presentadas por esta presunta desobediencia. A lo largo de estos meses se han practicado varias testificales principalmente de inspectores de educación y representantes d’Esnenyament que fueron los interlocutores con los centros que abrieron el 9-N para las votaciones. También se ha recabado numerosa documentación como los contratos de la Generalitat con varias empresas públicas para temas logísticos o creación de urnas y papeletas.

Penas que conlleva cada delito

El delito de desobediencia: pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

La obstrucción a la justicia o usurpación de funciones está castigada con las penas de prisión de seis meses a un año, multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

La prevaricación administrativa está penada con la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

Y, en el caso de la malversación, la pena de multa es de seis a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años. El Código Penal especifica, además, que si el culpable no reintegra el importe de lo distraído dentro de los diez días siguientes al de la incoación del proceso, se le impondrán penas de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años.

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