Adéu Mas, marxo amb les empreses.

El Gobierno ha vuelto sobre sus pasos para propiciar un cambio estratégico de la Ley de Sociedades de Capital, que tiene por objeto facilitar a las empresas el traslado automático de su domicilio social dentro de todo el territorio nacional. La medida se ha arbitrado mediante una enmienda en la Ley de medidas urgentes en materia concursal que fue introducida en la tramitación parlamentaria por el Partido Popular. Fuentes oficiales han admitido que la disposición fue acordada a petición expresa de grupos de influencia que representan intereses de empresas cotizadas en bolsa con origen y localización actual en Cataluña.

De acuerdo con la normativa vigente hasta hace sólo dos meses, todas las empresas estaban obligadas a convocar a su junta general de accionistas como condición previa para aprobar el cambio de su domicilio social. La única excepción incorporada de manera expresa en el artículo 285 de la antigua Ley de Sociedades de Capital concedía al consejo de administración la competencia orgánica para adoptar el traslado de sede siempre y cuando la nueva dirección se mantuviera dentro del mismo término municipal en el que está residenciada una determinada compañía.

La modificación legal propiciada por el partido en el Gobierno supone la mínima alteración de una sola palabra dentro de un mismo texto legislativo, pero puede implicar un terremoto corporativo en determinadas empresas del Ibex que vienen denunciando desde hace tiempo la incomodidad del complejo modelo territorial existente España.

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