El P. Custodio Ballester es portavoz de Sacerdotes por la Vida (Priest for Life).  Es párroco de la Parroquia de la Inmaculada Concepción de L’Hospitalet de Barcelona, y conocido por su firmeza ante las intromisiones del poder político en asuntos religiosos, como las procesiones.

Ha publicado este más que interesante artículo en Hazteoír.

 

“El ‘voto católico’ no tiene dueño, porque no existe”

por Custodio Ballester, Pr.

Fue el jesuita Pedro Suñer el que me explicó los lamentos de algunos decrépitos personajes del laicado católico que se le quejaban de la actitud de la Conferencia Episcopal cuando, en los primeros años de la transición, los obispos vetaron la constitución de un partido demócrata cristiano. Ante semejante gimoteo, el jesuita les espetó: “¿Y por qué les hicisteis caso? ¿Por qué no actuasteis con la libertad de los hijos de Dios?” El plañido acabó entonces en seco. Sin embargo, debe ser ésta seguramente la actitud del católico español, aquejado de aquella tortícolis provocada por la manía de torcer el cuello para mirar siempre al obispo antes de dar un paso. Hablamos de laicos, claro está, y de su ámbito de decisión laico: fuera por tanto de cualquier relación jerárquica con el obispo. En fin, la tortícolis es aguda. Y así nos luce el pelo.

Cuando en 1875 finalizó la Tercera Guerra Carlista con la victoria de las fuerzas liberales, sobre todo en Cataluña la estructura eclesiástica quedó profundamente dividida. Había un pueblo católico y un clero parroquial con profundas simpatías carlistas; tutelados unos y otros por unos obispos escogidos por el Gobierno liberal y presentados a Roma para su inexcusable elección. Existía pues un cisma de facto. Los sesudos monseñores de Secretaría de Estado dieron con la solución: el obispo regionalista (catalanista, diríamos ahora). Una nueva clase de prelado inexistente hasta entonces. Ni carlista ni liberal, pero que pudiera ser aceptado por ambos bandos dado su eclecticismo. Defensor de la tradición catalana con su consabida amalgama de amor a la tierra y religiosidad popular, no podía ser acusado de liberalismo por el clero carlista. Pero tampoco los liberales podían acusarlo de integrista, pues no lo era. Elegido de ese modo y puesto ahí para lo que estaba puesto, la denuncia de los excesos del sistema liberal nunca estaría entre sus objetivos. Políticamente se alinearía más bien con el posibilismo de aquellos que no aspiran a constituir gobierno, sino sólo a luchar contra las tendencias antirreligiosas. Se encargaría por tanto de conseguir que la bandera católica (antiliberal por definición, puesto que el liberalismo nació para aniquilar el catolicismo) no constituyera el emblema de ningún partido político, sino que agruparía bajo sus pliegues a todos los hombres de buena voluntad. (Informe reservado de la Nunciatura de Madrid al Vaticano. 1896).

Ahí están José María de Urquinaona, obispo de Barcelona desde 1877 hasta 1883, que fue elegido senador por la Provincia eclesiástica de Cataluña y defendió en Madrid los intereses proteccionistas de la industria catalana, siendo recibido a su vuelta como un héroe. Josep Morgades, nombrado obispo de la Ciudad Condal en 1899 por petición de los parlamentarios barceloneses en el Gobierno y presentado en Roma por parte de Duran i Bas, entonces ministro de Justicia. El cardenal Casañas, nombrado senador por Alfonso XII y preconizado obispo de Barcelona a petición del Ayuntamiento de la ciudad. En fin, un compadreo continuo con la Restauración Liberal que, si bien pudiera ser fruto de una época, ha tenido unas funestas consecuencias que todavía hoy se hacen notar.

El Informe de Nunciatura no tiene desperdicio: No existe un partido que, exento de pasiones facciosas, intente con medios legales la restauración de los principios cristianos. Los católicos o son contrarios a las instituciones y militan fuera de la órbita de éstas, o figuran en los partidos gubernamentales que son liberales en el fondo.

El objetivo del movimiento católico tal como lo definía el informe de 1896, no era restablecer las antiguas instituciones políticas, sino influir respetuosamente en las nuevas estructuras liberales para imbuirlas del ideal cristiano. A la vista está el resultado. Son ellos los que nos han llenado a nosotros del ideal liberal, incluso cuando este ideal se ha desplazado políticamente (pero sin cambiar su posicionamiento moral): Todo el mundo es “güeno”. Aquí paz y después… ¡gloria bendita!

Pero en la medida en que la Iglesia, durante la restauración monárquica de Cánovas del Castillo, sin necesidad de ningún partido católico, a través del Concordato y de la Constitución de 1876, mantenía buena parte de sus canales directos de presencia e influencia en las instituciones políticas -obispos senadores y consejeros eclesiásticos a alto nivel-, prefirió no depender de ningún movimiento católico que se concretara en una acción política directa. De hecho, prefirieron depender del poder político fuera el que fuera, que sentirse vinculados y condicionados por sus fieles organizados en forma de partido político. Ésa es la pura realidad. La política preferían gestionarla ellos (los obispos) directamente, en vez de dejarla en manos de los laicos. Aunque tuvieran que meterse en muchos barrizales. Se sentían más seguros.

No hacía falta entonces ni pareció hacer falta durante la transición ningún género de orientación explícitamente católica de la política. Nada de partidos católicos ni democristianos, dijeron la mayor parte de los obispos de entonces: Los católicos deben estar en todos los partidos políticos. Así, gane quien gane las elecciones, siempre tendremos amigos… De ahí nacen todas esas pamplinas sobre el mal menor y lo de votar al partido más conservador  de la oferta política con las narices tapadas: porque aunque ninguno de ellos pretenda el bien tal como lo entiende la Iglesia y la conciencia de los fieles, los otros son peores (lo cual hoy en día está ya por demostrar). Así que a los católicos no les queda más que votar directamente el mal (eso sí, el mal menor); pero siempre con las altas bendiciones de las Conferencias Episcopales.

Todo ello puso de manifiesto la nefasta consecuencia de ese principio. Con el paso del tiempo, los católicos diseminaron su voto y su participación en cualquier formación política que les ofreciera la más mínima esperanza de promoción, acabando de ahogar cualquier atisbo de identidad cristiana. Y pensar que los de misa de 12 votaron durante mucho tiempo a Convergència y vivieron de la ilusión de que Pujol era el único político con principios… Al final, todos los partidos con representación parlamentaria -todos y en todas las autonomías- sean conservadores o progresistas, son desde hace tiempo, abortistas, homófilos, eutanásicos y laicistas, es decir enemigos de la Iglesia y de la fe cristiana: camuflados los unos (¡es lo que se lleva!: a ver quién se atreve a ir contra corriente) y declarados los otros.

Con unos pocos partidos de inspiración cristiana reducidos a inofensivas bacterias extraparlamentarias en un Parque Jurásico donde los tiranosaurios rex perrofláuticos se lo comerán todo, los obispos ya sólo pueden aspirar a que los católicos no se fanaticen; y así los prudentes prelados podrán negociar con Podemos un statu quo que nos permita agonizar sin molestar a nadie.

Y lo gracioso es que el catalanismo eclesial no lo inventaron ni Prat de la Riba, ni Cambó ni Puig i Cadafalch. Fue en el Vaticano, en una oscura oficina de Secretaria de Estado, donde se pergeñó una de las muchas meteduras de pata que han arruinado en tantos lugares del planeta una acción política católica y valiente. Pues si está prohibido aspirar a una sociedad cristiana, donde las leyes respeten la dignidad de todo ser humano creado a imagen de Dios, sólo podemos extinguirnos, tirados en la calle de este sucio mundo, pisoteados y despreciados como aquella sal que, por sosa (cf. Mt 5, 13), ya no sirve para nada.