El traspaso de la gestión de las cárceles no supone el diseño de la política penitenciaria, que seguirá en manos del Gobierno, sino la administración de los tres centros penitenciarios del País Vasco

El Gobierno de Pedro Sánchez cumple con lo prometido con el lendakari del País Vasco, Iñigo Urkullu y cierra la transferencia de prisiones para el País Vasco.

Era una reclamación histórica de los nacionalistas y, en plena estrategia del fin de la dispersión y aumento de beneficios penitenciarios para los presos de la banda terrorista ETA, los de Urkullu habían acordado el pasado 30 de diciembre con el Ejecutivo un «borrador» sobre la transferencia de prisiones.

El PNV insistía en su idea de poner en marcha un «modelo penitenciario» propio a partir de la «coordinación» con la legislación penitenciaria española del que se aprovecharían los presos de ETA que a lo largo de los dos últimos años han sido acercados a cárceles próximas del País Vasco por el Ejecutivo central y que reclaman ser ubicados en las tres prisiones vascas.

El calendario pactado entre Urkullu y Sánchez, actualizado el pasado otoño, fijaba que en el mes de marzo se debía materializar el traspaso de 12 competencias recogidas en el Estatuto de Guernika (1979). A partir de ahí, el próximo otoño se debería completar el traspaso de otras 17 competencias y, finalmente, durante el primer semestre de 2022 se debería hincar el diente al traspaso de la Seguridad Social.

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