A los tribunales de Cataluña ya han empezado a llegar denuncias de presos que reclaman los mismos derechos que los presos del ‘procés’. De momento, ya se han presentado una treintena de denuncias ante los juzgados, la mayoría de ellas contra las juntas de tratamiento de las cárceles, según fuentes conocedoras de los procedimientos. El juzgado de instrucción número 2 de Tarragona ha abierto diligencias previas como consecuencia del escrito de un recluso, al que le ha pedido que designe abogado y procurador. Este interno está calificado en segundo grado, pero, al contrario que a los del ‘procés’, no se le permite salir.

No es la primera vía. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) rechazó a mediados de este mes de abril varias denuncias en el mismo sentido (por prevaricación, esencialmente) contra el juez de vigilancia penitenciaria número 3 de Cataluña, al apreciar que no se cumplen “los requisitos legales que exigen la presentación de la querella”.

En las denuncias, los presos afirman que se sienten discriminados por supuestos tratos de favor a los políticos presos por parte de la Administración. En la mayoría de las denuncias, se subraya que al rechazar las peticiones de los reclusos, las juntas de tratamiento pueden cometer delito. Una de ellas afirma: «En virtud de que crea discriminación en la aplicación de la ley penitenciaria al establecer baremos diferentes entre los ciudadanos presos extranjeros y los ciudadanos presos españoles para el acceso a los permisos penitenciarios, tal como es el caso de los señores llamados ‘presos políticos’. En este caso, somos nosotros los presos políticos, ya que no nos aplican la Ley Penitenciaria vigente. Somos presos políticos en virtud de la definición de Naciones Unidas establecida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por España».

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