Las cifras oficiales confirman la huída de los funcionarios catalanes que dependen del Departamento de Justicia de la Generalitat: en el último año 131 de ellos han pedido ser trasladados fuera de la comunidad autónoma presidida por Torra. Tan sólo 12 han llegado como reemplazo. Nunca antes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se había enfrentado a una situación como la actual.

Durante el 2019 más de un centenar de funcionarios aprovecharon las vacantes ofertadas en concurso de traslado para solicitar plaza fuera de Cataluña. Mientras, menos de una quincena se decantaron por desarrollar su carrera profesional en juzgados de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona. Los números hablan por sí mismos: jueces, fiscales y ahora, también, funcionarios abandonan la región por las presiones del separatismo.

Al hecho de que la bolsa de jueces sustitutos esté completamente vacía -una situación inédita hasta la fecha- y que los fiscales abandonen la comunidad por la presión a la que se ven sometidos, ahora se suma que los funcionarios también prefieran otros lugares donde ejercer su profesión, en cuanto su antigüedad y requisitos se lo permiten

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