La crisis de Cataluña esta desde este lunes en una nueva fase. En una aún más cercana al abismo. Las Fuerzas de Seguridad del Estado están preparadas para tomar definitivamente el control de los Mossos d’Esquadra y hacer frente a las movilizaciones callejeras de los sectores más radicales del secesionismo. De momento, el nuevo plazo que tiene fijado Carles Puigdemont por parte del Gobierno para poder explicar si declaró la independencia o no caduca el próximo jueves a las 10:00 horas. Será entonces cuando se decida si los cuerpos de seguridad deben de intervenir en Cataluña.

Ante el panorama que se abre, Interior ha optado por mantener intacto el contingente de policías y guardias civiles que ha enviado a Cataluña desde todos los puntos de España. Lo componen más de 6.000 agentes que comenzaron a llegar antes de la Diada del 11 de septiembre. Para evitar un desgaste excesivo, los funcionarios que están solicitando regresar a sus casas por motivos psicológicos o personales están siendo sustituidos inmediatamente por otros agentes voluntarios. El ministerio ha empezado también a relevar a las unidades que llevan más tiempo, pero el número de policías y guardias civiles trasladados a Cataluña seguirá siendo idéntico.

No es casualidad que la mayoría de efectivos de la llamada operación Copérnico contra la escalada independentista pertenezca a las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, dos secciones especializadas en el mantenimiento del orden público. Excepto en el 1 de octubre, donde participaron en la retirada de material electoral, su labor se ha limitado hasta ahora a proteger infraestructuras críticas e instalaciones de la Administración central en Cataluña. Esas labores se han reforzado también en los últimos días, ante el riesgo de que grupos radicales opten por el método de la ocupación para chantajear al Gobierno del Partido Popular. Pero el verdadero motivo del traslado masivo de antidisturbios a suelo catalán es garantizar que, ante una situación de movilizaciones prolongadas en el tiempo como la que se avecina, el Estado sea capaz de impedir que la ofensiva de la Generalitat y sus entidades satélite afecte a la vida cotidiana de la sociedad catalana.